El Congreso aprobó cambios que habilitan a las provincias a decidir qué áreas proteger, en una medida cuestionada por su impacto ambiental y su orientación hacia el beneficio de grandes empresas extractivas.
La reciente aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Glaciares trajo aparejado fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos y ambientales, que señalan sobre las consecuencias de flexibilizar la protección de una de las principales reservas de agua dulce del país.
La modificación establece que ya no habrá una protección automática de los glaciares y ambientes periglaciares, sino que serán las provincias las que definan, caso por caso, qué cuerpos de hielo cumplen una “función hídrica efectiva” y cuáles pueden quedar habilitados para actividades extractivas, como la minería metalífera a cielo abierto.
Para los críticos, este cambio representa un giro profundo en la política ambiental argentina, ya que abre la puerta al avance de empresas mineras sobre zonas que hasta ahora estaban resguardadas por ley. En la práctica, implica priorizar la explotación de recursos como oro, plata y cobre por sobre la preservación de ecosistemas clave para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua.
Uno de los principales cuestionamientos radica en el modelo de desarrollo que propone la reforma. Especialistas y dirigentes advierten que la actividad minera, lejos de generar un crecimiento sostenido en las regiones donde se instala, suele dejar impactos negativos a largo plazo. Una vez finalizados los proyectos extractivos, muchas de estas empresas abandonan los territorios, dejando problemas ambientales y comunidades abandonas a su buena suerte, lo que en algunos casos deriva en economías debilitadas o verdaderos “pueblos fantasma”.
En ese sentido, se cuestiona que la iniciativa esté orientada principalmente a aumentar el ingreso de divisas a través de la exportación de minerales, sin contemplar de manera integral las consecuencias sociales, ambientales y productivas que ese esquema puede generar en el mediano y largo plazo.
Además, la reforma se da en un contexto global donde el cambio climático y la crisis hídrica ocupan un lugar central en la agenda internacional. Los glaciares cumplen una función clave como reguladores naturales del agua: almacenan reservas en períodos de abundancia y las liberan en momentos de sequía, garantizando el suministro para millones de personas.
Sin embargo, la decisión del Gobierno nacional parece ir en sentido contrario a estas preocupaciones. La política impulsada por la administración de Javier Milei se alinea con posturas que relativizan el impacto del cambio climático, en sintonía con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha sostenido públicamente que este fenómeno no representa una amenaza e incluso los negó.
Cabe señalar que la votación en Diputados se produjo en medio de protestas y un clima de tensión social, con manifestantes que advirtieron sobre el riesgo de “entregar” recursos estratégicos. Mientras el oficialismo defiende la medida como una vía para potenciar inversiones y dinamizar la economía, sus detractores alertan que podría comprometer uno de los bienes más valiosos del país: el agua.