La empresa que escanea el iris y así obtiene datos biométricos, incluso de menores de edad, fue imputada por el gobierno provincial y podría ser multada por $1000 millones.
A través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la imputación a la empresa Worldcoin, luego de quese detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Asimismo, funcionarios provinciales encontraron contradicciones entre lo informado por la propia empresa y la información obtenida a partir de fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, observa que “cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de las y los usuarios de la Argentina”. Asimismo, agrega que “la complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información, impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria”.
Según sostienen, en estos contratos de adhesión, denominados “Términos y Condiciones de Uso”, “Aviso de Privacidad” y “Formulario de Consentimiento de datos”, Worldcoin incurrirían en distintas infracciones.
Las inconsistencias
Tras algunas fiscalizaciones que realizó el gobierno bonaerense se encontró que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.
También la contradicción se observa en aquello que informa la empresa sobre el uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de los usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.
Una de las cláusulas que preocupan también es que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. Y también las que obligan a usuarios a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán, además de indicar que las eventuales disputas se resuelvan a través de un arbitraje en California, Estados Unidos, infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Cabe destacar que, la empresa, que se expone a multas de hasta 1000 millones de pesos, realizó sus actividades en las localidades bonaerenses de Morón, Mar del Plata, Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela, Quilmes, San Miguel, Pinamar, Tres de Febrero, Villa Gesell, La Costa, La Plata, Berisso, San Martín, Zárate, Malvinas Argentinas, Escobar, General Rodriguez, Vicente López, La Matanza, Ezeiza y Almirante Brown, donde convocaba a los consumidores a brindar datos biométricos personales y privados –el escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb–, a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin.
Las cláusulas se encuentran en infracción del artículo 4° y 37 de la Ley N° 24.240, Resolución N° 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución N° 994/2021 de la ex SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.