El encadenamiento de una mujer frente al Hospital Churruca Visca, por la mala atención y la falta de insumos que sufrió su marido policía, volvió a poner en primer plano la contradicción entre el discurso oficial sobre la seguridad y las condiciones reales en las que viven y trabajan los efectivos de la Policía Federal.
Una mujer encadenada en señal de protesta frente al Hospital Churruca Visca, el centro de salud de referencia de la Policía Federal Argentina, fue el hecho que puso en evidencia la mala atención médica y la falta de insumos que atravesó su marido, un efectivo policial internado en el lugar. Y la visibilidad del caso funcionó como disparador de un problema más profundo que tiene que ver con el abandono de quienes sostienen el sistema de seguridad del país.
Patricia Bullrich, durante su gestión como ministra de Seguridad de la Nación bajo el gobierno de Javier Milei, se mostró muy a favor de las fuerzas de seguridad reivindicando el rol de las mismas en cada oportunidad y destacando el sacrificio que hacen. Sin embargo, ese reconocimiento desde lo discursivo nunca se tradujo en mejoras concretas para los policías, ni en salarios dignos.
Es decir que, los efectivos de la Policía Federal, en la mayoría de los casos, perciben salarios que no alcanzan el millón de pesos mensuales, una cifra insuficiente frente al riesgo permanente, la carga horaria y la responsabilidad que implica la tarea. Esa realidad obliga a muchos policías a extender sus jornadas con servicios adicionales, vigilancias privadas o trabajos informales como choferes de aplicaciones, agotando cuerpos y mentes antes de volver a ponerse el uniforme.
Por otro lado, la situación del Hospital Churruca es el reflejo más de esa desprotección. Falta de insumos, demoras, precariedad edilicia y personal desbordado son parte de un escenario que se repite desde hace años y que ningún gobierno reciente decidió enfrentar con decisión política. Por eso, la protesta de esta mujer fue como un grito desesperado por la vida de su marido, pero que se replica en muchas más personas que pertenecen a la familia policial y que también pasan o pasaron por ello.
Cabe destacar que, este contraste no es exclusivo de las fuerzas de seguridad. Médicos, enfermeros, docentes y otros trabajadores esenciales atraviesan realidades similares: discursos grandilocuentes sobre su importancia social, pero sueldos que no reconocen la centralidad de su labor ni condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad que asumen a diario.
Finalmente, debemos decir que, sin inversión real, salarios dignos y un sistema de salud que funcione, el relato de los funcionarios queda vacío de contenido. Y cuando eso ocurre, la protesta deja de ser un acto individual para convertirse en el síntoma de una deuda que sigue sin saldarse.