Con la tarifa rozando los $100 mil, diputados bonaerenses impulsan proyectos para eliminar la verificación obligatoria o abrirla a talleres privados. El debate reaviva la discusión sobre costos, seguridad vial y el destino de los fondos.
El nuevo aumento del 21% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que entrará en vigencia el 16 de enero y llevará la tarifa básica a $97.057,65 para autos de hasta 2.500 kilos, volvió a encender la polémica en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el impacto no solo se sintió en los bolsillos de los conductores, sino también en el ámbito político, donde la oposición puso el sistema bajo la lupa.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Andrés De Leo ratificó que insistirá con su proyecto para eliminar la VTV. “Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses”, aseguró. Su postura es tajante: “La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”. En ese sentido, sostuvo que los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros viales y que la verificación “pretende mostrar preocupación por la seguridad, pero no hay una ocupación genuina del problema”.
El legislador fue más allá al cuestionar el destino de los recursos. “En 2026, solo en Bahía Blanca nos van a sacar unos 10 mil millones con la VTV”, advirtió, y remarcó que desde 1996 esos fondos no se volcaron en obras de infraestructura vial, uno de los argumentos centrales que históricamente justificaron el sistema.
En paralelo, desde La Libertad Avanza, el diputado Francisco Adorni propuso un camino alternativo: mantener el control, pero abrirlo al sector privado. Su iniciativa busca habilitar a talleres mecánicos y concesionarias para realizar la verificación, integrándola al service habitual de los vehículos. “Ese service que vos hacés también deberá incluir el control de seguridad sobre tu vehículo”, explicó, al tiempo que planteó que ya no se secuestre la licencia por tener la VTV vencida.
Bajo el lema “Más libertad, menos curro”, Adorni anticipó que su proyecto modificará el artículo 16 de la Ley 13.927, permitiendo que la revisión pueda ser realizada por cualquier taller o persona jurídica que cumpla con los requisitos de la autoridad de aplicación. Además, adelantó que buscará poner límites a los aumentos “desproporcionados” del servicio.
Así, el nuevo ajuste tarifario reabrió un debate de fondo: si la VTV cumple efectivamente un rol central en la seguridad vial o si se convirtió en una carga más para los conductores, con beneficios poco claros.