El gobierno bonaerense reglamentó nuevas exigencias para acceder a recursos destinados a infraestructura municipal. La medida llega mientras jefes comunales reclaman mayor flexibilidad para afrontar gastos corrientes y sostener servicios básicos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con un esquema más estricto de control sobre los fondos destinados a obra pública municipal, en medio del creciente reclamo de intendentes que buscan mayor disponibilidad de recursos para enfrentar la crisis financiera local.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, y reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, creado en el marco de la Ley 15.561.
A partir de esta normativa, los municipios deberán cumplir una serie de requisitos administrativos y técnicos para acceder a los desembolsos, entre ellos presentación de planos, memorias descriptivas, presupuestos detallados, acreditación de titularidad de predios y certificaciones firmadas por funcionarios comunales.
Además, la Provincia estableció un cronograma de pagos condicionado al avance físico de las obras: para recibir nuevos desembolsos, los distritos deberán acreditar porcentajes mínimos de ejecución y rendiciones parciales.
Por otro lado, el esquema también contempla auditorías y controles cruzados de organismos provinciales, mientras que el Ministerio podrá suspender pagos o bloquear proyectos en municipios que incumplan con los requisitos o dificulten el control de fondos.
La decisión llega en un momento de fuerte presión política de intendentes de distintos espacios, que reclaman que la totalidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal pueda utilizarse de manera libre, sin ataduras a programas específicos ni destino exclusivo para infraestructura.
Actualmente, el 70% de esos recursos se distribuye automáticamente a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante continúa condicionado a proyectos de obra pública.
El malestar ya escaló a la Legislatura bonaerense, donde sectores de la oposición impulsan iniciativas para revisar el esquema y conformar mecanismos de control político sobre el uso del endeudamiento provincial.
Desde distintos municipios advierten que, ante la caída de la recaudación y la baja cobrabilidad de tasas, la prioridad hoy pasa por sostener servicios esenciales, salarios y aguinaldos, por encima de nuevas obras.