Los primeros días de febrero, el Gobierno de Javier Milei, endureció el control en altamar para evitar que embarcaciones extranjeras pesquen ilegalmente en territorio nacional.
Sin embargo, cada temporada de calamar, zarpan desde los propios puertos argentinos decenas de buques sin el observador a bordo que la ley exige para monitorear las faenas pesqueras.
Así lo demuestran tres informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) a los que accedió Mongabay Latam.
Aunque la ley es clara en establecer que es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura el organismo que debe supervisar y fiscalizar la presencia de observadores e inspectores a bordo de los barcos, esta investigación demuestra que los funcionarios de dicho organismo no están haciendo cumplir la ley.
El incumplimiento adquiere nuevas dimensiones si se considera que estos buques responden a empresas que, a su vez, pertenecen a compañías chinas con antecedentes de pesca ilegal y presuntas violaciones a los derechos humanos.
¿Qué está pasando en el mar argentino? “Al marinero lo terminan ‘rompiendo’ en los barcos chinos porque lo hacen trabajar hasta 20 horas sin descanso”, cuenta un capitán argentino próximo a jubilarse que pidió resguardar su identidad “por temor a represalias”.
Durante la última década, el ingreso al país de buques extranjeros se intensificó cuando distintas empresas chinas, entre ellas estatales, empezaron a comprar pesqueras nacionales, en su mayoría sociedades anónimas.
La medida funcionó como estrategia para ingresar legalmente a las aguas territoriales de un país que, al contrario de otras naciones, no permite que embarcaciones extranjeras enarbolen su bandera.
Para las compañías chinas esa restricción dejó de ser un problema desde que comenzaron a operar a través de las firmas argentinas convertidas en sus filiales.
Actualmente, el 68% de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) está conformada por capitales asiáticos, principalmente chinos, asegura Darío Sócrates, titular de la CAPA.
El resto se reparte en un 18% de firmas españolas y apenas un 14% de argentinas.
Desde hace tiempo que la incursión de China en el negocio nacional argentino pesquero es controversial.
Sin observadores a bordo
Por normativa argentina, todo buque mayor o igual a 25 metros debe llevar, al menos, un observador a bordo y solo puede hacerse una excepción si la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura lo autoriza de manera fundada.
La falta de observadores a bordo añade un problema adicional: tampoco se puede corroborar si la tripulación extranjera a bordo excede lo que indica el reglamento, ya que la tripulación total de un buque debe estar compuesta en un 75% por marineros argentinos y el capitán debe ser de esa misma nacionalidad.
Pero esto, según dicen los pescadores y marineros con los que Mongabay Latam conversó, no se cumple.
Aseguran que los empresarios chinos que ingresaron con sus barcos al caladero nacional “ejercen cada vez más presión entre los capitanes argentinos”, quienes, en su gran mayoría, “responden sin chistar” a las decisiones de sus directivos por miedo a perder su trabajo.
Las firmas chinas que compraron empresas argentinas
Shangai Jinyou Deep Sea Fisheries Co. Ltd es una de las mayores empresas estatales chinas perteneciente a Shanghai Fishery Group —un mega grupo dedicado a la pesca en aguas profundas nacionales e internacionales— que, a su vez, forma parte de Bright Food Group, uno de los mayores conglomerados alimentarios de ese país.
La estatal china compró en 2014 la firma pesquera argentina Altamare SA, según consta en el informe comercial de esta empresa.
Además, según medios especializados en asuntos pesqueros, como Seafood Media Group, también habría comprado las argentinas Argamar SA, Chiarpesca SA y Cheng I SA