Diputados aprobó el DNU para el acuerdo con el FMI, sin que muchos de los legisladores hayan podido siquiera leer el proyecto. Además, no se sabe de cuanta deuda va a tomar el país.
El Congreso de la Nación aprobó en Diputados el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que valida un nuevo ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con 129 votos a favor, el oficialismo consiguió la validación constitucional de esta medida, a pesar de que se trató de una votación con mayoría simple en una sola Cámara, lo que generó una gran controversia.
El bloque libertario, junto con el PRO, la UCR, bancadas provincialistas y la Coalición Cívica, respaldaron la medida, sumando los votos que permitieron alcanzar el resultado final: 129 a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. No obstante, en esta sesión se vivieron momentos de tensión, ya que el Gobierno solicitó el encuentro sin contar aún con el dictamen necesario, el cual fue aprobado a última hora en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
El DNU habilita la toma de nuevos créditos con el FMI para afrontar los pagos de la deuda hasta 2029, con vencimiento en 2035. Este decreto esquiva los requisitos establecidos por la Ley Guzmán, que obliga al Congreso a aprobar cualquier programa de endeudamiento con organismos internacionales, y de esta manera, se institucionaliza el endeudamiento sin el control exhaustivo de ambas cámaras legislativas. En propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que aún no se ha definido el monto exacto de este préstamo, pero “la necesidad de financiar los compromisos del país es apremiante”.
Si bien este tipo de decisiones puede ser esperado en momentos de crisis, no deja de ser inverosímil que se tomen medidas de tal envergadura bajo el marco de un sistema democrático, que debería garantizar un debate más profundo y una participación amplia. Sin embargo, el sistema actual ha dejado baches enormes, permitiendo que el Congreso pueda sesionar y aprobar iniciativas tan complejas sin el tiempo adecuado para su análisis. Muchos diputados ni siquiera tuvieron la oportunidad de leer el proyecto antes de su aprobación.
Este desmanejo de una situación tan sensible como es el endeudamiento de los habitantes de un país, llama la atención y comienzan a tejerse todo tipo de teorías, como aquellas que aseguran que dinero sucio pudo haber caído en los bolsillos de ciertas personas para que levanten la mano a favor en el Congreso.
El resultado de la votación fue posible gracias a los apoyos de los gobernadores que lograron asegurar los votos de sus representaciones en la Cámara, lo que generó una situación donde no se logró una oposición unánime, salvo algunas ausencias.
A pesar de la aprobación, el DNU podría ser judicializado, dado que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establece que todo acuerdo de financiamiento con el FMI debe ser validado por el Congreso, lo que podría poner en duda la legalidad del proceso. En definitiva, el gobierno logró el objetivo de asegurar una nueva etapa de endeudamiento con el FMI, pero este proceso deja al descubierto la fragilidad de un sistema legislativo que permitió avanzar con una medida de tal magnitud sin el consenso necesario y sin dar la oportunidad para un análisis detallado por parte de todos los diputados.