Universidad Nacional de General Sarmiento rechazó el proyecto de Ley de Modernización Laboral

El Rectorado, con respaldo unánime del Consejo Superior, advirtió que la iniciativa pone en riesgo derechos constitucionales, condiciones dignas de trabajo y principios del orden democrático.

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) expresó su rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral y manifestó su preocupación por el impacto que podría tener sobre derechos laborales fundamentales. El pronunciamiento fue impulsado por el Rectorado y contó con el apoyo unánime del Consejo Superior de la casa de estudios.

Desde la institución señalaron que el tratamiento parlamentario del proyecto se realizó en un plazo acotado, sin un debate amplio y participativo acorde a la trascendencia institucional y social de la iniciativa. En ese sentido, remarcaron la necesidad de promover instancias de discusión que incluyan a los distintos sectores involucrados.

El documento difundido por la UNGS advierte que diversos estudios académicos internacionales indican que los procesos de desregulación laboral no muestran evidencia empírica de generar aumentos sostenidos del empleo. Por el contrario, sostienen, estas reformas tienden a profundizar la desigualdad y la segmentación del mercado de trabajo.

Entre los puntos cuestionados, la universidad mencionó modificaciones en el régimen indemnizatorio, la habilitación de mayores esquemas de flexibilización en la jornada y los períodos de descanso, así como cambios en licencias y condiciones salariales. También alertó sobre la consolidación de modalidades laborales que podrían institucionalizar situaciones de precarización.

Asimismo, la UNGS expresó su preocupación por disposiciones que, según su análisis, debilitan la acción sindical y la negociación colectiva, en tensión con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, desde la casa de estudios subrayaron que consideran ineludible intervenir en el debate público cuando están en juego derechos constitucionales, condiciones dignas de trabajo y principios fundamentales del orden democrático.

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