Docentes y familiares de alumnos de Escuelas Especiales de Formación Integral de la Ciudad de Buenos Aires piden por la reincorporación de los alumnos mayores de 22 años a los establecimientos hasta que se implemente de manera completa la educación permanente para adultos con discapacidad.
Desde el año 2011, la resolución nacional 155/11 del Consejo Federal de Educación trata la reorganización del sistema de educación especial y establece que los jóvenes a los 22 años deben egresar de las escuelas integrales para pasar a la formación permanente del adulto.
A finales del 2021, el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña en la cartera educativa avisó a los colegios y familias que entraba en vigencia esa resolución, pero se olvidó de una parte muy importante: ¿Cómo seguiría la educación para los mayores de 22 años?¿Cómo implementar la parte de educación permanente para adultos con discapacidad?
Ese es el principal reclamo que la comunidad de la educación especial viene llevando adelante en pos de brindar una buena educación y contención para los estudiantes y sus familias.
Victoria Fassa es docente, profesora de cerámica de la escuela especial 36 y de la 22. En diálogo con Infonews explicó: “La resolución dice que a los 22 años los jóvenes deben egresar de las escuelas integrales para pasar a la formación permanente del adulto que sería un proyecto que nunca se hizo en Caba. Es una resolución nacional, pero cada jurisdicción debería ir aplicándola. Egresan hacia una formación permanente”.
En este sentido, agregó: “El ministerio de Educación de Caba toma de la resolución la edad de egreso pero no realiza ningún proyecto”.
La medida adoptada por el Ministerio que encabeza Soledad Acuña tomó por sorpresa tanto a docentes como a las familias. Hasta antes de la aplicación de esta resolución, las escuelas especiales de formación integral contenían a jóvenes de hasta 30/35 años. Es decir, de un día para otro, recortaron al menos ocho años la edad de estos estudiantes.
Fassa contó que no tienen respuesta de parte del Ministerio, adonde marcharon el último martes 12 de julio y dejaron un petitorio por mesa de entrada ya que “no dejaron pasar a una delegación” e hicieron diferentes presentaciones ante el Inadi, vieron a legisladores de la oposición tanto de la comisión de Educación como de Discapacidad, pero al ser minoría no se pudieron lograr avances.
A lo largo de su lucha, fueron sumando el apoyo de los gremios docentes mayoritarios y más representativos de la Ciudad. También a la comunidad sorda, a la cual el Gobierno porteño le arrebató el Palacio Ceci, ubicado en el barrio de Villa Devoto, un emblema para esta población porque fue el primer lugar de enseñanza de señas en Argentina. Larreta y Acuña decidieron sacarles el Palacio Ceci a las personas sordas y destinarlo a un fin turístico: el Distrito del Vino.
Desesperados, familiares y docentes tocaron todas las puertas posibles y fueron recibidos por autoridades nacionales. “Tuvimos una cita con el Ministerio de Nación, recibieron a las familias y se comprometieron a pedir una reunión con Hilda Domínguez, que es la coordinadora del área de educación especial. Por otro lado, hubo contacto con la secretaría de Derechos Humanos de Nación que también nos está prestando atención pero hace poquito que nos contactamos”, explicó la profesora de cerámica.
La comunidad de la educación especial llevó la situación a la Justicia. Presentaron un amparo judicial ante la Defensoría en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Número 5. El Expediente está en el juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario nº 19 – secretaría n°37 y está cargo del juez subrogante Lisandro Ezequiel Fastman-.
Como generalmente pasa, los tiempos de la Justicia no son los tiempos de las personas que necesitan justicia. “Todavía está en la etapa administrativa, va lento. El Ministerio no responde a la Defensoría, a los pedidos de informes. La política es ignorarnos, esa es la forma en que tratan a la gente”, acusó Fassa.
La docente señaló: “Con esta medida, los pibes quedan excluidos del sistema educativo, sin posibilidad de una salida laboral, sin la contención que brindan las escuelas, que también tiene que ver con el comedor y el transporte. No nos olvidemos que muchas familias además de tener hijos con discapacidad están en situaciones sociales vulnerables. Entonces la escuela también viene a contener ciertas cuestiones: estar en un lugar, con sus compañeros, con sus pares, haciendo cosas, teniendo su plato de comida al mediodía”.
“Lo que estamos pidiendo es la reincorporación de los jóvenes mayores de 22 a sus escuelas y que se frenen los próximos egresos hasta tanto exista un proyecto educativo para ellos como lo dice la ley y por otro lado estamos pidiendo la restitución del Palacio Ceci a la comunidad sorda”, concluyó Fassa.
Hilda Acevedo es alumna egresada de la escuela 36, tiene síndrome de Down y tiene 28 años. El recorte de Larreta y Acuña la afectó de lleno. Miriam, su hermana, habló con Infonews sobre las dificultades que trajo para su familia la decisión tomada por el Gobierno porteño: “El recorte nos afecta de una manera increíble porque les están quitando a los jóvenes con capacidades diferentes su espacio, su lugar, les están negando educación. Cualquier persona a cualquier edad puede ir y cursar una carrera en la facultad. Acá lo que se está haciendo es tomar la edad que marca la resolución, egresarlos y listo. No hay un lugar, no hay una formación permanente del adulto con discapacidad que es algo que también plantea la resolución. Ellos necesitan un espacio de contención donde estén cuidados con personas capacitadas”.
“Hildi no se maneja sola, no anda por la calle sola. Sí logra higienizarse y manejarse sola dentro de un ámbito y su expresión no es muy clara, la entiendo yo que soy la hermana o los profes que la conocen hace tiempo, si se la cruza alguien es muy difícil que le pueda entender cuando ella habla. Por eso, es muy importante que el círculo donde ella esté sea un lugar contenido”, argumentó.
Sobre qué pasa después del egreso, Miriam advirtió: “No existe un papel o una reglamentación que diga cómo es la formación permanente del adulto, que es a lo que se apunta después de los 22 años. Entonces lo que hacen muchas directoras y supervisoras es de alguna manera echar a los jóvenes de las escuelas. Implementan talleres de tres horas, cortan la jornada al medio y tienen que salir a la calle. Hay que tener en cuenta que la mayoría no se manejan solos”.
Esta situación es la que se dio en la escuela de Hilda. Cuando se enteraron de la resolución se planteó que iban a realizar talleres que tuvieron sus consecuentes problemas de inscripción, de horarios (primero en un sólo turno y luego en los turnos mañana y tarde con un bache de una hora y media). “Los jóvenes por decisión de la directora Sonia Di Marco y la supervisora Mónica Turrado no podían comer más en la escuela. Se hizo un reclamo, se envió carta a la supervisora, a la directora del Área y se consensuó que podían llevar viandas en ese momento. Esto se logró por la lucha de las familias porque el sistema busca expulsarlos”, denunció la familiar.
En el mismo sentido, agregó que “el discurso que quieren dar es que son adultos. Sí, son adultos pero que tienen capacidades diferentes, que no se manejan solos, que no es el común de toda la sociedad y a veces nos hablan de ellos como si fueran adultos independientes y no es así. Como familia sabemos qué capacidades tienen nuestros hijos, nuestras hijas o nuestra hermana en mi caso”.
Para Hilda, los días que le toca ir a la escuela no son uno más. “Es muy activa, muy sociable, súper amorosa, cero conflictiva. Ella ama ir al colegio, se levanta todos los martes y los jueves pensando en que tiene que ir, que se tiene que encontrar con sus amores, con sus vínculos sanos, con sus profes, aprender lo que ella puede. En este caso está en un taller de sahumerios que ella lo hace encantada”, contó su hermana.
Apenada, Miriam lamentó que con esta implementación de la resolución le están quitando a Hilda y a sus compañeros la posibilidad de aprender y la contención social. “Hay muchas realidades que no se conocen: familias que no tienen casa o madres que solamente viven con su hijo con capacidades diferentes y les han negado la comida adentro de la escuela cuando no tenían para comer, sabiendo que en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cuando la comida sobra se tira al tacho de basura. Es una vergüenza toda esta situación”, denunció.
Para finalizar, Miriam explicó: “No estamos en contra de la reforma. Queremos que se aplique la resolución totalmente como está hecha, no solamente la edad de egreso. Se egresan a los 22 años y a dónde van, no hay lugar. Entonces hasta que esto esté resuelto, que los jóvenes sigan estando en la escuela, que tengan el comedor y tengan el medio de transporte porque muchas familias necesitan esto y sobre todo los jóvenes necesitan el espacio”.
Los recortes en escuelas de educación especial afectan a unos 600 estudiantes que asisten a 13 instituciones para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, donde se ofrece formación laboral e integral.
Actualmente, el nuevo esquema comprende una cursada de tres horas en dos o tres días de la semana, lo que produjo una inmediata deserción de muchos jóvenes y adultos porque sus familias vieron afectadas sus rutinas diarias. Esto sumado al ajuste en el servicio de comedor desde el 2015 que ahora, al cursar sólo tres horas diarias, se profundiza porque los estudiantes reciben apenas una colación y no reciben una vianda. Además de la quita del transporte escolar, que obligó a muchos jóvenes y adultos a abandonar sus estudios por no contar con otros medios para concurrir a la escuela.
FUENTE: https://infonews.com/