Un millón y medio de personas marcharon en diferentes ciudades para rechazar los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei. Pablo Mansilla, Rodolfo Pino, Juanjo Castro, Carlos Lumbreras y Franco La Porta entre otros también marcharon.
En una de las protestas más multitudinarias de los últimos años, alrededor de un millón y medio de personas salieron a las calles en todo el país para manifestar su rechazo al ajuste en la educación pública anunciado por el presidente Javier Milei. La medida que motivó la movilización fue el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso para recomponer el presupuesto de las universidades públicas.
Cabe destacar que la región del ex General Sarmiento tuvo presencia en la marcha ya que entre los referentes políticos que se sumaron, se destacaron figuras locales como Rodolfo Pino, secretario de Deportes de José C. Paz; Juan José Castro, concejal de Unión por la Patria en San Miguel; y Carlos Lumbreras, secretario de Salud de Malvinas Argentinas. Todos ellos estuvieron presentes en la protesta frente al Congreso Nacional, reafirmando su compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos de estudiantes y trabajadores universitarios.
“Milei con las universidades no” escribió en sus redes Castro y agregó: “La conquista más grande fue que la Universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca”.
Lumbreras, por su parte, manifestó: “Realmente una movilización gigante del Frente Renovador (…) por una causa más que justa, defender a la Universidad Pública, gratuita y de calidad”.
Pino en tanto, comentó en sus redes: “José C. Paz presente. Mario Ishii intendente”.
No obstante, recordemos que la movilización más grande tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, donde la comunidad educativa fue acompañada por sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, además de referentes opositores. La presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, fue clara en su mensaje desde el escenario: «No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece».
A pesar de la masiva protesta, el presidente Milei firmó el veto a la ley pocas horas después de finalizada la marcha. En un discurso difundido en redes sociales, Milei defendió su decisión con un mensaje directo: «La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten».
La Segunda Marcha Federal Universitaria, como fue bautizada por los organizadores, se replicó en diversas ciudades del país con importantes concentraciones en Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán, entre otros puntos. Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional, destacó que las movilizaciones provinciales superaron en magnitud a las de abril. «Ojalá el Gobierno tome nota y podamos planificar una solución», declaró.
También debemos mencionar que la organización de la jornada denunció que las fuerzas policiales detuvieron micros que transportaban a manifestantes desde La Plata y que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó obstruir la convocatoria con cierres de calles y cambios en el protocolo de seguridad a último momento.
El documento leído durante el acto denunció la crítica situación de las universidades públicas, donde muchos trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, y se advirtió sobre la continuidad de los servicios académicos esenciales. Representantes de los gremios docentes y no docentes llamaron a los legisladores a cumplir con su rol y defender la ley vetada.
«Este no es un acto golpista, es la más pura expresión de la democracia. Golpe de Estado es gobernar por decreto», dijo el secretario general de Conadu, Carlos de Feo. Su declaración apuntó a los comentarios de la ministra Bullrich, quien había sugerido que las manifestaciones estaban vinculadas a un intento de desestabilización del gobierno.
La situación plantea un escenario de conflicto creciente entre el gobierno de Milei y el sector educativo, que reclama un presupuesto adecuado para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y la dignidad de sus trabajadores.