La Cámara Argentina de la Construcción advirtió que la paralización de los proyectos financiados por Nación golpeó al sector y obligó a las empresas a reducir costos para mantenerse activas. Desde la entidad destacaron el rol de las obras impulsadas por la Provincia de Buenos Aires para sostener la actividad.
La falta de inversión en obra pública nacional comenzó a tener un fuerte impacto en las empresas constructoras, que atraviesan un escenario complejo desde la paralización de proyectos impulsada por el Gobierno nacional desde 2023.
En el marco del 80° aniversario de la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el presidente de la entidad, Lucas Luciano, aseguró que la situación “se está sintiendo” tanto por la ausencia de nuevas obras como por la falta de mantenimiento de infraestructura existente.
Según explicó, el freno de la actividad nacional fue parcialmente compensado por las obras impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que permitieron que muchas empresas continúen trabajando.
Menos obras y mayor competencia
Luciano señaló que la caída en la demanda llevó a las compañías a ajustar sus presupuestos para lograr mayor competitividad en las licitaciones.
La menor cantidad de proyectos disponibles generó que más empresas se presenten a cada concurso, lo que provoca una reducción de los valores ofertados. Sin embargo, desde CAMARCO remarcaron que los precios deben encontrar un equilibrio para garantizar que las obras puedan finalizarse correctamente y en los plazos previstos.
El dirigente explicó que la inversión en infraestructura resulta fundamental para el desarrollo económico y sostuvo que Argentina se encuentra lejos de los niveles que destinan otros países a este tipo de políticas.
“Todos los países del mundo gastan entre un 3 y un 7 por ciento del PBI en obras de infraestructura”, señaló, al comparar la situación nacional con otros modelos internacionales.
El desafío de las rutas nacionales
Uno de los sectores que podría generar nuevas oportunidades para la construcción es el vinculado a las rutas nacionales concesionadas por el Gobierno.
Algunos contratos ya fueron adjudicados a empresas privadas, que deberán realizar tareas de mantenimiento antes de comenzar a aplicar los nuevos esquemas tarifarios de peajes.
Sin embargo, desde CAMARCO advirtieron que las concesiones alcanzan una parte reducida de la red vial nacional. Mientras las rutas concesionadas abarcan unos 9 mil kilómetros, el sistema federal cuenta con aproximadamente 50 mil kilómetros.
En ese contexto, comenzó a discutirse la posibilidad de transferir algunas obras y tramos de rutas nacionales a las provincias para que sean administradas localmente.
Un sector en alerta
Mientras la discusión sobre el futuro de la infraestructura continúa, las empresas constructoras buscan sostener su actividad en un escenario marcado por la caída de la inversión pública nacional.
Desde el sector advierten que la falta de obras no solo afecta a las compañías, sino también al empleo y al mantenimiento de una infraestructura necesaria para el crecimiento productivo.
La construcción, uno de los motores históricos de generación de trabajo, enfrenta así el desafío de adaptarse a un nuevo escenario donde la continuidad de los proyectos depende cada vez más de las decisiones provinciales y municipales.