El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Ejecutivo y será la Cámara de Apelaciones la que defina si confirma o revoca la resolución. Mientras tanto, continúa la obligación de cumplir con la normativa que dispone fondos para las universidades y mejoras salariales.
El juez Martín Cormick hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que avaló la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el magistrado resolvió mantener la ejecución de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con distintos aspectos de la normativa.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 concedió el pedido de las autoridades nacionales y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que deberá definir si confirma o revoca la resolución de primera instancia.
En su decisión, Cormick estableció que se dará continuidad al trámite de ejecución de la cautelar vigente. La medida ordena al Gobierno otorgar partidas presupuestarias a las universidades para garantizar su funcionamiento, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
El Ministerio de Capital Humano había apelado la decisión al considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y que compromete el orden fiscal.
Entre los principales cuestionamientos, el Gobierno sostuvo que el cumplimiento de la ley tendría un fuerte impacto presupuestario y afectaría el equilibrio de las cuentas públicas, debido a que —según planteó— no se estableció una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.
De acuerdo con el escrito presentado por las autoridades nacionales, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría recurrir a reasignaciones presupuestarias que alcanzarían al 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional.
En ese sentido, el Gobierno planteó que la Ley 24.629 debe ser interpretada de manera “armónica” con las leyes 24.156 y 27.798, que establecen las normas para la autorización y ejecución del gasto público.
De esta manera, mientras la apelación seguirá su curso ante la Cámara Federal, la cautelar permanece vigente y el Gobierno deberá continuar con el trámite de cumplimiento dispuesto por el juez Cormick.