La necesidad de las P.A.S.O. se cuestiona por el costo frente a la situación económica del país. ¿Quién lo paga?. ¿Quién lo controla?.
El 13 de agosto pasado entramos al cuarto oscuro y nos encontramos con una impresionante cantidad de boletas con las propuestas de los distintos Frentes, integrados por los partidos políticos, con los candidatos a los cargos que se elegirán -en una «primera» instancia- el próximo 22 de octubre.
Así, estos Frentes definieron sus internas en las que participamos todos y ahora están en condiciones de participar con sus candidatos únicos en las elecciones generales para competir entre sí. A la vez que sirve –hay que decirlo- como la principal encuesta para saber qué piensa la ciudadanía respecto de los posibles dirigentes a conducir los destinos del gobierno en los próximos cuatro años.
Pero nada es gratis en la vida y, si bien sabemos que es el Estado el que contribuye a los partidos para su subsistencia lo que garantiza la pluralidad de la participación que es lo que da vida a la convivencia democrática, cuando el bolsillo aprieta las prioridades se ordenan. O, por lo menos, subyacen aquellas cuestiones a las que hay que prestarle más atención.
Afinando el lápiz.
Decíamos que garantizar la vida democrática tiene un costo y todos los que adherimos a este sistema lo sabemos y convalidamos, pero quizás –y a pesar de la vorágine que nos llevan nuestras circunstancias- habría que observar algunas cuestiones que, de por sí, se pueden mejorar.
Ya que estamos sufriendo en lo económico, detengámonos en el costo que conlleva la impresión de boletas para las elecciones, en este caso, de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. O, mejor dicho, en lo que el Estado destina a los Frentes y partidos políticos para que impriman sus boletas, que no es lo mismo claro está.
Adentrémonos en los fríos números. Aquí no nos detendremos en lo que el Estado le aporta a los partidos políticos para todos los gastos sino en el caso puntual de la impresión de boletas pero que, casualmente, es uno de los rubros más importantes.
Así el Ministerio del Interior desembolsó más de $ 8.000 millones destinados a las 97 agrupaciones que fueron oficializadas para las PASO (según un cálculo realizado por INFOBAE en base a los montos publicados por la DINE en el Boletín Oficial). El monto estuvo destinado a subsidiar unos 2.764 millones de boletas de papel, que incluyeron cuatro y cinco cuerpos, solo para cargos nacionales.
La ley establece que la Dirección Nacional Electoral (DINE), un organismo público que depende del Ministerio del Interior, debe entregar a las agrupaciones los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media por elector registrado en cada distrito. Para eso se establece un valor de referencia, que este año se fijó en $ 2,92 por boleta.
Para las PASO, en la categoría presidente y vicepresidente, la DINE asignó $ 103 millones a cada una de las 15 alianzas que presentan fórmula (una o más) para la impresión de boletas. La cifra es el equivalente a un padrón nacional de 36 millones de electores multiplicado por el costo por boleta de $2,92, estipulado por la DINE para estas elecciones. Pero si un Frente presentó más de una lista, la cifra que debió recibir del Estado se duplica, triplica o multiplica a partir de lo dispuesto por el fallo de la Corte, que ejecutó la DINE. Entonces, a más listas, una agrupación recauda más millones.
Por ejemplo, en ese marco, llamó la atención el caso de «Proyecto Joven», un partido nuevo que postuló tres fórmulas presidenciales en las PASO y compitió en varias otras categorías y distritos. Esto le significará embolsar un total de $ 1.068 millones, un 20% más que Juntos por el Cambio (que compitió con dos listas internas), que recibirá en total $ 883 millones.
En este caso, uno de los precandidatos a presidente de ese nuevo partido es el del escritor Mempo Giardinelli (como detalle ya tiene 75 años), compitiendo con Martín Miguel Ayerbe, y la primera candidata transexual a la presidencia, la rosarina Reina Xiomara Ibáñez. Políticos ignotos para muchos, pero que en total, el espacio embolsará $ 305 millones solo para la categoría presidencial.
Los fondos públicos para campaña y para boletas deben ser rendidos por los partidos y alianzas en los informes de ingresos y gastos de campaña ante la Justicia electoral. En el caso de las PASO, deben presentar el informe final a los 30 días de finalizadas las PASO con los respectivos comprobantes.
¿En qué se funda?.
Dejamos para el final alguna explicación que da fundamento al gasto, quizás por ser la parte más aburrida o la de menos impacto que las cifras, pero no por ello menos importante.
A nivel nacional existe un régimen de financiamiento de partidos y campañas de tipo mixto, es decir, basado en aportes de privados y subsidios directos e indirectos. La Constitución Nacional reconoce a los partidos como instituciones fundamentales de la democracia y compromete al Estado con su sostenimiento. Al mismo tiempo, los obliga a dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio (Art. 38 CN).
La reforma electoral de 2009 (Ley 26.571) buscó reducir las diferencias de recursos entre los partidos políticos, transparentar el origen del dinero que usan para sus actividades proselitistas y reducir los gastos de campañas. Con estos fundamentos se restringió el uso de recursos privados (se prohibieron los aportes de personas jurídicas para campañas y la contratación de publicidad en radio y TV) y se dispuso la distribución de espacios de publicidad en medios audiovisuales para todas las agrupaciones que participen de cada elección.
Es muy interesante el estudio realizado por María Page y Josefina Mignone para el CIPPEC -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- («Dinero, partidos y campañas.
Hoja de ruta para avanzar hacia un sistema de financiamiento más eficiente y transparente». Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°185, marzo de 2017); en el que sostienen que «existen indicios de que los subsidios directos (especialmente los destinados a la impresión de boletas) podrían estar alentando la creación de partidos y la presentación de candidaturas con el solo fin de captar esos recursos. Con requisitos poco exigentes para el mantenimiento de la personería y la presentación de candidaturas nacionales, los subsidios podrían ser un factor a la hora de explicar el número insualmente alto de partidos que hoy existen en nuestro país (650 partidos de distrito y 40 de orden nacional). Esta multiplicidad de partidos, a su vez, diluye el efecto de los subsidios, porque el presupuesto disponible debe dividirse entre todos los partidos reconocidos y todas las agrupaciones que presentan candidaturas».
Además de los «controles que llegan tarde y sanciones que no disuaden. El control sobre los recursos que recaudan y gastan los partidos y las campañas se realizan sobre lo declarado por los partidos y alianzas una vez vencido el ejercicio del financiamiento ordinario o finalizada la elección. Por este motivo los controles nunca sirven para interrumpir situaciones de abuso o violación de la ley».
También destacan y concluyen que esas «sanciones son principalmente multas (suspensión del derecho a recibir subsidios por un período de entre 2 y 4 años para los partidos y multas para personas físicas y jurídicas que realicen aportes no permitidos) y no recaen sobre los candidatos, ni sobre las alianzas que los promueven (que se disuelven después de la elección), sino sobre los partidos. Las sanciones no disuaden porque no tienen consecuencias sobre las carreras de los candidatos, ni sobre las posibilidades de competir de los partidos». (ALN) por Andres Almeida.