En medio de una ola de inseguridad, los jefes comunales del peronismo reclaman fondos nacionales. Kicillof acusa al Gobierno de hacer campaña con el delito, mientras la Nación implementa un nuevo plan de control en el conurbano.
La inseguridad en el conurbano bonaerense, con el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno como epicentro mediático, aceleró los reclamos de un grupo de intendentes peronistas de la región. La preocupación crece ante la disminución de fondos nacionales destinados a la seguridad, que anteriormente llegaban a los municipios a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El gobernador Axel Kicillof fue categórico en su respuesta a la falta de recursos y acusó al Gobierno de Javier Milei de ser responsable del narcotráfico. «Si Milei quiere ayudar, que devuelva la guita que se robó, entre ellas el fondo de Seguridad para la Provincia. ¿Cómo se va a poder mejorar la seguridad sin comprar patrulleros y sin pagarle bien a la policía?», expresó en declaraciones a C5N.
Ante este escenario, la Nación anunció la implementación del Plan 90/10 en diferentes municipios del conurbano bonaerense. Este programa, ya activado en Moreno, se expandirá a La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Martín, Tres de Febrero y Morón. Su estrategia se basa en la focalización de esfuerzos en los 193 municipios donde ocurre el 90% de los homicidios, pese a representar solo el 10% del territorio nacional y contener al 70% de la población argentina.
Cabe destacar que, las medidas incluyen patrullajes sorpresivos en puntos estratégicos, participación de fuerzas federales y provinciales en operativos territoriales y controles en accesos a barrios críticos. Además, se prevé la incautación de armas y drogas, la implementación de pistolas disuasivas no letales y el refuerzo de la comunicación operativa de las fuerzas de seguridad.
En tanto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, destacó la necesidad de una estrategia articulada entre todos los niveles del Estado. «Si logramos que el Gobierno Nacional salga de la posición que tiene y articulamos los tres niveles del Estado, podemos mejorar», afirmó. Además, enfatizó que la inseguridad no puede abordarse solo con policía y justicia, sino que debe incluir un trabajo territorial profundo sobre problemáticas como el narcotráfico y el consumo problemático de drogas.
En este sentido, Menéndez reveló cifras alarmantes: de los 56.000 casos atendidos por la Secretaría de Niñez de Merlo el año pasado, el 85% estuvo atravesado por el consumo de sustancias. Además, casi el 90% de los 47.000 abordajes de la Subsecretaría de Salud Mental tuvo al consumo problemático como factor detonante.
Días atrás, en Merlo se llevó a cabo el “Encuentro Interjurisdiccional contra el flagelo de la droga”, donde participaron funcionarios provinciales y legisladores nacionales, entre ellos la senadora Juliana Di Tullio. La legisladora criticó las políticas de ajuste del Gobierno nacional y aseguró que «si el gobierno no le da al pueblo bonaerense los recursos que le corresponden, se convierte en el sicario de nuestras vidas».
La crisis de seguridad ha alineado al peronismo bonaerense en un reclamo unificado contra la administración de Milei. En este marco, el pronunciamiento de Kicillof en redes sociales tras el crimen de Lucas Aguilar fue replicado por el PJ bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, en un claro gesto de respaldo político.
Con un clima de tensión creciente y la inseguridad como eje central del debate, los intendentes del conurbano exigen respuestas concretas. Mientras tanto, la implementación del Plan 90/10 marca el intento del Gobierno nacional por mostrar presencia en una de las zonas más castigadas por el delito.