El Observatorio Mumalá advirtió sobre la gravedad de la violencia de género y calificó a octubre como el peor mes desde 2022. En los primeros diez meses del año también se contabilizaron 728 intentos de femicidio y 179 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.
La violencia de género continúa dejando cifras alarmantes en Argentina. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 239 femicidios, de los cuales 177 fueron directos. Esto representa, en promedio, el asesinato de una mujer cada 30 horas, según el relevamiento del Observatorio Nacional Mumalá «Mujeres, Disidencias, Derechos», que alertó sobre la necesidad de declarar una emergencia frente a la magnitud de la problemática.
Durante octubre se produjeron 36 femicidios, lo que convirtió a este mes en el peor desde 2022. Además, el informe contabilizó 728 inte
ntos de asesinato por razones de género. Las consecuencias también alcanzaron a las familias de las víctimas: 179 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres. En la última década, el país acumuló 3.231 casos.
El relevamiento también advierte sobre el agravamiento de la vulnerabilidad económica que afecta especialmente a mujeres y disidencias sexogenéricas. La pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, el pluriempleo y la sobrecarga de tareas físicas y mentales conforman un escenario que, según el observatorio, profundiza la preocupación, el estrés y el agotamiento.
Las modalidades de los femicidios y el lugar donde ocurren
Los datos del informe muestran que el 28% de las víctimas fue asesinada con armas blancas y otro 28% con armas de fuego. En tanto, el 11% murió como consecuencia de golpes, el 10% por asfixia, el 16% mediante otras modalidades y en el 7% restante no se pudo identificar el mecanismo.
Un dato especialmente preocupante es que el 59% de las mujeres fue asesinada en su propia vivienda, un ámbito que debería representar un espacio de protección y seguridad.
Del total de los casos, 62 fueron femicidios indirectos y 23 tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes menores de 18 años. Al menos tres mujeres estaban embarazadas y el 41% eran madres. También se registraron ocho travesticidios y transfemicidios, diez suicidios feminicidas, 20 crímenes vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, un crimen de odio y nueve muertes violentas asociadas al género.
Denuncias, restricciones y agresores
El informe también pone el foco en las medidas de protección y su alcance. El 12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y la misma proporción contaba con un botón antipánico. Además, el 75% tenía una orden de restricción vigente.
En cuanto a los femicidas, el 29% convivía con la víctima. Después del crimen, 
el 31% se dio a la fuga y el 16% continúa prófugo. El 14% se suicidó y el 13% intentó hacerlo. Asimismo, el 12% tenía antecedentes, el 6% pertenecía a fuerzas de seguridad y el 11% asesinó también a una tercera persona. La edad promedio de los agresores es de 36 años.
Los casos que expone el observatorio
En su publicación, Mumalá también recuperó historias concretas detrás de las estadísticas. Entre ellas, mencionó el asesinato de Nanci Godoy, una maestra rural de Corrientes que permaneció desaparecida durante 20 días. Según recordó la organización, había denunciado las condiciones en las que las infancias debían aprender en un paraje de difícil acceso.
El observatorio también hizo referencia a Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela, trabajadoras sexuales víctimas de femicidio. En ese sentido, cuestionó la estigmatización y la exposición mediática de estos crímenes y reclamó «menos estigma, más protección y derechos».
Finalmente, mencionó el asesinato de Natalia Giménez, ocurrido en Rosario, en un hecho que, de acuerdo con el relevamiento, estaría vinculado con prestamistas que la amenazaban por el cobro de una deuda con intereses usurarios.
Las cifras vuelven a poner en evidencia la dimensión de la violencia por razones de género en el país. Detrás de cada número hay una vida perdida, familias atravesadas por el dolor y una deuda pendiente en materia de prevención, protección y acceso efectivo a la Justicia.