Se presentó el informe “Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social”

Buenos Aires, noviembre de 2019. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentaron el informe “Acceso a...

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Buenos Aires, noviembre de 2019. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentaron el informe “Acceso a Justicia y condiciones de desigualdad social”.

Para la elaboración del mismo, fueron tomados los indicadores y la muestra del estudio “Enfoque de pobreza multidimensional basado en derechos” para entrecruzarlo con un nuevo módulo de preguntas en materia de acceso igualitario a derechos elaborado por el Ministerio.

El documento arroja datos estadísticos que permiten medir el vínculo entre el acceso a los derechos y la desigualdad social. Para ello se realizó una encuesta en 5.722 hogares que indagó acerca de las etapas que recorren los ciudadanos para lograr acceder a un servicio legal adecuado, y las situaciones que enfrentan las víctimas de delitos, en particular las de violencia de género.

Acceder a la presentación del informe

El resultado es el primer documento de esta naturaleza realizado a nivel global, al querer determinar aspectos fundamentales de la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos) que van más allá del sistema de justicia penal y haciendo especial énfasis en las necesidades cotidianas de justicia civil, y especialmente a las personas en condición de pobreza y los grupos en mayor riesgo.

La actividad contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; de la Secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez; y del Director de Investigaciones del Observatorio de la Deuda Social, Dr. Agustín Salvia. Lo acompañaron el Dr. Enrique Amadasi, del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, y la Dra. María Rosa Cicciari, investigadora del Observatorio.

Del informe se desprende que un 20 por ciento de los encuestados, o sus familiares, han enfrentado en los últimos dos años conflictos difíciles de resolver, y que podrían derivar en problemas legales. Casi el 70 por ciento de ese porcentaje buscó ayuda o acudió a una institución, el 22 por ciento no hizo nada y casi un 8 por ciento intentó resolverlo por su cuenta. Luego de recibir la ayuda buscada, el 62 por ciento se declaró insatisfecho con los resultados obtenidos en relación con el conflicto.

Por otro lado, el 53,6 por ciento de las personas que tuvieron conflictos difíciles de resolver no hizo la denuncia correspondiente. Esta conducta fue más frecuente en el conurbano bonaerense y ciudades del interior, generalmente en hogares con carencias.

El porcentaje de las personas con necesidades jurídicas insatisfechas aumenta en el conurbano bonaerense y en grandes áreas metropolitanas y disminuye considerablemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la insatisfacción se reduce cuando se recurre a un abogado privado.

“Esta dimensión del acceso a la justicia civil es necesaria para que las personas puedan redirigir sus quejas, accedan a sus derechos, y para la realización de una agenda más amplia de desarrollo sostenible. Sin la inclusión de mediciones sobre el acceso a la justicia civil será un desafío aún mayor lograr el monitoreo global requerido para acortar la brecha del acceso a la justicia”, indicó la secretaria de Justicia.

El informe es una ampliación de la “Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, que presentó el Ministerio de Justicia, donde recopila datos sobre las insuficiencias del sistema judicial y las posibilidades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades jurídicas.

Por su parte, el Dr. Salvia aseguró: “El trabajo con el Ministerio de Justicia nos permitió incorporar una dimensión que es transversal y fundamental para ampliar la mirada científico-académica que tenemos de los cambios que están ocurriendo en la estructura social argentina. Es una dimensión que no debería estar fuera de análisis, pero que lo estaba”.

La cartera de Justicia impulsó esta acción en el marco de una mesa de trabajo de expertos conformada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos en Indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y diversos organismos y agencias estadísticas internacionales, ONG y académicos.

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