Con el proyecto de ley enviado por el presidente al Congreso se unificarán juzgados y se limitará el poder de los jueces de Comodoro Py. Parte de la oposición se opone, aunque los cambios ya comenzaron con la intervención a la AFI y la prohibición de que espías participen en las causas judiciales.
El presidente de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley para realizar una reforma judicial. Ello ya lo había prometido en su campaña de 2019 y en la Apertura de Sesiones de este año. Tras un atraso por cuestiones de la pandemia, finalmente, cumplió con ello.Con el proyecto se busca unificar dos fueros de la Justicia federal penal y reducir el poder de los 12 jueces de Comodoro Py.
También pretende la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, por un lado, y los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal por otro.Creará un Consejo integrado por 11 juristas que hará recomendaciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.Además, anunció reformas para fortalecer la Justicia federal en el interior del país y la creación de un Consejo de expertos que hará recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
En principio, el presidente no presentó ninguna reforma que establezca cambios sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esto estará bajo análisis del nuevo consejo de asesores. Respecto a Comodoro Py, Alberto Fernández, dijo que buscan «superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática».
Con esta frase justificó la necesidad de unificar los fueros Penal Económico y el Criminal y Correccional Federal. Se creará una nueva Justicia Federal Penal que contará con 46 juzgados de primera instancia: los 12 juzgados actuales de Comodoro Py, los 11 juzgados en lo Penal Económico y otros 23 nuevos juzgados.
Con este esquema, el presidente sería quien nombre a, al menos, la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más relevantes del país.Como cada uno de los tribunales que ya existen tienen 2 secretarías, continuarán funcionando con una y la otra se transformará en secretaría de los 23 nuevos juzgados. Fernández aclaró que la creación de nuevos tribunales no afectará el principio de «juez natural» de las causas que actualmente están en curso. Habrá, por otra parte, 4 cámaras federales de apelaciones y 17 tribunales orales federales (así, se sumarán 5 nuevos, con la posibilidad de nombrar a 15 magistrados más).
Los que se oponen y los que no
Tocar el status quo de un sector tan influyente como el judicial no es gratis. Primero la corporación judicial va a tratar de defenderse con todo lo que tiene a mano, y ello incluye hacerle pagar un costo político al impulsor del proyecto.Por ejemplo, es el caso de la Asociación de Jueces que salió a oponerse al proyecto de reforma de la Justicia del Gobierno. El presidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, dijo que no crea las fiscalías y defensorías necesarias a la par de los nuevos juzgados, desguaza la justicia criminal porteña y no prevé la construcción de nuevas dependencias judiciales En tanto, luego del duro documento de la Cámara del crimen publicado para advertir que la reforma judicial es inconstitucional, otro tribunal nacional manifestó ahora su rechazo al proyecto. Se trata de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que difundió su desacuerdo con la pretendida unificación de ese fuero con el Contencioso Administrativo Federal.
Con la firma de cuatro de sus jueces, la Cámara Civil y Comercial avisa en el escrito que sus objeciones al plan oficial se comunican a través de una acordada porque «ninguno de los miembros de esta cámara fue consultado, de modo alguno, sobre la reforma propuesta».Si bien el presidente tiene la facultad para enviar un proyecto de reforma de esta naturaleza y el Congreso de votar a favor o en contra, esto va a tener varias batallas más seguramente.
Por otro lado, una pata política importante que también patea contra el gobierno en este caso es la oposición de Juntos por el Cambio, quienes promueven los cacerolazos para evitar que se haga la reforma aduciendo que son medidas para «evitar que Cristina vaya presa», entre otras cosas, pero esa es la idea primera que más vende a la hora de oponerse. Pero distinta postura presentan desde la oposición de Unidad Federal: «La necesidad que tiene nuestra argentina de blanquear un sistema del Poder Judicial que depende política y económicamente de otros factores que no son el propio Poder Judicial es un tema delicado sobre todo para la post pandemia.
Asique cuando fuimos convocados decidimos asistir. Desde el otro lado de la oposición numerosa, es el segundo desplante que le hacen al presidente, hacen alarde del cacerolazo, pero la verdad que, desde la General Paz hacia el resto del país, donde está la mayor cantidad de la población, marca que se necesita fuertemente hacer un cambio en la Justicia y que no pasa por esos puntos que pretende hacer mediáticos Juntos por el Cambio», sostienen.Para cerrar recordemos que Alberto Fernández en su discurso de presentación del proyecto aseguró: «Nunca más a una Justicia contaminada por los servicios de inteligencia, contaminad por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos».Además, explicó que se creó una comisión para que analice problemas estructurales de la Justicia y analice detalles muy técnicos. «La justicia no funciona bien desde hace muchos años». concluyó.